El Gobierno acaba la legislatura sin cumplir su promesa de mejorar la cadena alimentaria.

AVA-ASAJA lamenta que la lentitud y dudas mostradas por el Gobierno en la tramitación del proyecto de Ley de Medidas para Mejorar la Cadena Alimentaria haya dejado a esta regulación en el ‘limbo’ legislativo. La ansiada norma fue anunciada a finales de 2009 y según se advirtió su aprobación estaba prevista para el primer trimestre de 2011. Sin embargo y pese a tramitarse por la vía de urgencia, la norma será uno de los más de 20 proyectos de ley que han quedado en suspenso debido al adelanto electoral y a la disolución prematura de las Cortes Generales. “La entonces ministra, Elena Espinosa, presentó esta ley como uno de los ejes de la legislatura pero su sucesora, Rosa Aguilar, la trastocó y le dio un nuevo giro. El sector la recibió con agrado pero casi dos años después, tras muchas indecisiones, una ley tan esencial para el campo podría acabar por caer en el olvido”, advierte el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

La citada regulación tenía por meta reequilibrar la relación de fuerzas en la cadena de valor de los alimentos, mejorar su vertebración y funcionamiento con el uso de contratos agrarios así como aportar mayor transparencia al proceso de configuración de los precios. Tales avances, en la línea de lo reivindicado por esta organización para así afianzar al eslabón más débil de esta cadena, que es el agricultor, tenían que complementarse con la inclusión en tal norma de una referencia al Código de Buenas Prácticas Comerciales, en el que también se lleva trabajando sin ningún resultado hasta el momento desde marzo de 2009. “Aspiramos a tratar de garantizar algo tan aparentemente simple como que el consumidor pague por los alimentos un precio razonable que permita al productor cubrir sus costes”, explica Aguado.

Pero la anterior ministra, Elena Espinosa, quiso llegar con esta regulación más lejos y junto al ámbito de la cadena de valor de los alimentos quiso extender la norma a las cuestiones relacionadas con la calidad (denominaciones de origen, indicaciones geográficas, control de los alimentos y de los procesos…). Su departamento llegó a presentar y someter a consulta durante 2010 un anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria que finalmente fue retirado por la actual titular de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que acabó por sacar adelante un proyecto de ley circunscrito a las mencionadas medidas sobre la cadena alimentaria. “La falta de firmeza y claridad de ideas acabó por provocar que al ministerio le sorprendiera el adelanto electoral decidido por Zapatero y al final quienes hemos perdido hemos vuelto a ser los agricultores” se lamenta Aguado quien contrasta tal actitud con la de Francia, que tardó mucho menos en aprobar una ambiciosa Ley de Modernización que, entre otras cosas, ya ha hecho obligatorios los contratos en el sector hortofrutícola y que ya ha propiciado un decreto para moderar los márgenes de la gran distribución en este sector.

Como se recordará, la agricultura mediterránea no ha tenido mejor suerte con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada la semana pasada por la Comisión Europea (CE). Efectivamente y pese a las promesas iniciales del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, la propuesta se limita a mencionar, sin concreción ni desarrollo alguno, algunos de los posibles instrumentos para atenuar los “abusos” que la propia CE admitió que se producían en el mercado alimentario. Así las cosas, AVA-ASAJA confía en que la Conselleria de Agricultura concluya pronto el Código de Buenas Prácticas de Contratación y Comercialización en el que también trabaja y que éste sirva, entre otras cosas, para premiar a aquellos operadores que usen el contrato de compraventa propuesto por Intercitrus.

Fuente: AVA-ASAJA

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